Pero ha sido la Audiencia de Sevilla la que ha dado un paso más cuando ha llegado el momento de aplicar las sentencias del Constitucional y ha preguntado a las partes si no debe, como pide el PP, elevar consultas a Luxemburgo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si, como asegura el tribunal andaluz, las sentencias del caso del tribunal de garantías no son “del todo compatibles con el Derecho de la UE”. La respuesta del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, unos días más tarde, fue emitir un comunicado en el que acusaban al Constitucional de “vaciar” el equilibro entre Supremo y Constitucional: “Se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo”, dijo la Sala de lo Penal con acusaciones similares a las que se vierten casi dos décadas después contra el Constitucional a cuenta del caso de los ERE. El PP tampoco renunció entonces a cargar contra un Constitucional de precaria mayoría progresista cuyos enfrentamientos con el Supremo se remontaban a la década de los años 80, cuando la Sala de lo Penal llegó a llamar a declarar a los magistrados del tribunal de garantías por la filtración de la sentencia del caso Rumasa.
Author: Alberto Pozas
Published at: 2025-03-30 19:27:47
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