El actual Estatuto General de la Abogacía Española, en vigor desde julio de 2021, establece como uno de los requisitos para la colegiación “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”. El informe jurídico alude, como jurisprudencia relevante, una sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que “admitió la aplicación estricta de la normativa vigente al momento de la solicitud de colegiación y no en función del momento del hecho delictivo”, y otra de 1987 del Constitucional que, aplicada al ámbito administrativo, “impide a cualquier órgano colegial apartarse de la literalidad de la norma vigente en el momento de resolver”. “La colegiación es un acto administrativo reglado que debe valorar los requisitos en el momento de su resolución, no en el momento de los hechos o de la sentencia”, reiteran los juristas, que entienden por ello que el Colegio de Abogados de Las Palmas debió denegar el alta de Salvador Alba y que pudo haber incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico al admitir su colegiación pese a la existencia de una condena firme con penas graves.
Author: Iván Suárez
Published at: 2025-06-14 16:05:56
Still want to read the full version? Full article
