Tuvieron que pasar dos décadas, y la ruptura de este consenso durante los años de la crispación contra el gobierno de Felipe González, para que el dirigente socialista José María Benegas recordara con irritación: “La única ley de punto final la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas; en ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los 40 años de la dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación”. Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los crímenes como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey; que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid...), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau, juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante, se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo...). El 13 de marzo de 1978, el anarquista Agustín Rueda Sierra fue apaleado y muerto por numerosos funcionarios de la prisión de Carabanchel (Madrid), durante una acción de castigo por el descubrimiento de un túnel, en la que ocho reclusos fueron torturados bajo órdenes del director de la prisión, el jefe de Servicios y el subdirector.
Author: Mariano Sánchez Soler
Published at: 2025-11-16 20:55:28
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