Por lo cual, el 20 de junio de 1986, remitió la denuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sustentada en una rigurosa investigación, que ya desde entonces afirmó que: “sobrevivieron al desastre y salieron de las ruinas del Palacio, sin que se tenga noticia alguna posterior acerca de su paradero o suerte final: Irma Franco Pineda, Clara Helena Enciso y un tercero no identificado, reconocido sobre su fotografía por un testigo”, además de señalar “que los magistrados Manuel Gaona y Horacio Montoya murieron en los momentos finales del operativo, ignorándose, sí, de qué lado llegaron los disparos que les dieron muerte”, junto a una relación precisa de 54 civiles asesinados, entre los que figuran 32 funcionarios de la rama judicial, desde el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, magistrados y numerosos auxiliares judiciales, que relacionó con nombre y apellido y siempre deben ser recordados: Julio Cesar Andrade Andrade, María Teresa Barrios Rodríguez, Luz Estela Bernal Marín, Fabio Calderón Botero, Cecilia Concha Arboleda, Jaime Alberto Córdoba Ávila, Jorge Alberto Correa Echeverri, Hermógenes Cortes Nomelin, Manuel Gaona Cruz, Fanny González Franco, María Cristina Herrera Obando, Carlos José Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Isabel Méndez Herrera, Lida María Mondol de Palacios, Luis Horacio Montoya Gil, Ana Beatriz Moscos de Cediel, María Teresa Muñoz de Jiménez, Aura María Nieto Navarrete, Alfonso Patiño Roselli, Blanca Inés Ramírez de Ángulo, Lilia Rincón Mora, Lisandro Romero Barrios, Rosalba Romero de Díaz, Yaneth Rozo Rojas, Emiro Sandoval Huertas, Pedro Elías Serrano Abadía, Nury Soto de Piñeros, Carlos Horacio Uran, Miguel Darío Velásquez Gaviria, Ruth Mariela Zuluaga de Correa. En su magnífica obra, Ricardo Silva Romero, recrea entre la cruda realidad descrita en numerosos libros e investigaciones y su lúcida ficción reflexiva, lo acontecido esos fatídicos y reveladores 6 y 7 de noviembre de 1985, tanto al interior del Palacio, en la Casa de Nariño, en la Casa del Florero como en la vida nacional, reseñando incluso por menores del partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, cuya transmisión televisiva pretendió ocultar la incineración y destrucción del Palacio de Justicia. Para ello, voy a permitirme citar apartes de dicho informe y denuncia que tuvo y tiene el inmenso valor y coraje civil de haber sido la primera voz en condenar en forma rigurosa y valerosa la atroz vulneración de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y del artículo 121 de la Constitución política de 1886, que exigía al presidente Belisario y a la Fuerza Pública el respeto absoluto de Derecho de Gentes.
Author: Hernando Llano Ángel
Published at: 2026-01-19 19:57:10
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