La ley establece el impulso de “actuaciones” para reconocer y reparar a las víctimas, también por parte de las compañías de las que “se constate” que utilizaron este tipo de trabajo en su beneficio, pero no detalla más allá. El investigador de la UPNA Juan Carlos García Funes ha documentado que en enero de 1940 92.000 prisioneros de guerra integraban los batallones de trabajadores y 18.700 presos condenados a las cárceles franquistas redimían pena en destacamentos penales. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática justifica la adjudicación directa a la universidad “por razones de especialización, idoneidad técnica, eficiencia y garantía de resultados” y explica que, además del censo de obras, víctimas y empresas, el organismo tendrá que elaborar una “monografía científica” que detalle la organización y funcionamiento de estos sistemas de castigo.
Author: Marta Borraz
Published at: 2025-12-23 14:53:48
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