Esos expedientes de contratación habían sido puestos a disposición de la OIReScon por Juan Manuel Gabella y Javier Romero, concejales de Nueva Canarias (NC) en la oposición en Mogán, después de no haber recibido respuesta ni por parte del interventor municipal ni por parte de la alcaldesa sobre sus reclamaciones en relación con el posible fraccionamiento de contratos para sortear la normativa que rige estas adjudicaciones en el sector público. En un decreto firmado en abril, la fiscal Teseida García señala que “la posible conducta delictiva de los concejales que intervienen en esa adjudicación”, la propia alcaldesa y el edil de Hacienda, ha sido puesta de manifiesto por la oposición en el Ayuntamiento, “pero sobre todo por la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”. También alude García a la “fórmula estereotipada” que utilizaba el Ayuntamiento de Mogán para justificar primero la necesidad de esos contratos y después, que no se estaba alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales legales (el importe de 15.000 euros en los contratos menores de servicios).
Author: Iván Suárez
Published at: 2025-12-01 19:53:34
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