Una minoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó la expulsión del sistema jurídico nacional de una fracción de un artículo de Ley General de Víctimas que entró en vigor en 2020 y que anuló la entrega del 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos. El año pasado, la extinta Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma y amparó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por lo cual dio un plazo de 90 días al Congreso de la Unión para dejar de aplicar la fracción y aplicar la legislación anterior que ordenaba la entrega de los recursos del PEF. La ministra Yasmín Esquivel Mossa compartió el proyecto de Figueroa Mejía y también consideró regresiva la reforma, por lo cual propuso no desechar la propuesta bajo el argumento de que se trata de revivir un fondo o un fideicomiso, sino que se debe proteger a las víctimas.
Author: Rubén Mosso
Published at: 2025-11-18 22:10:00
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