De la lectura de los 64 artículos, 14 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y 21 disposiciones finales del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se desprende un llamativo deseo del Gobierno de aprovechar la posibilidad de convalidación parlamentaria para sacar del cajón otro tipo de medidas. Para justificar incluir esta regulación extra de pronto en el Decreto, el Gobierno señala que "los centros de datos atraídos por las condiciones energéticas españolas han obtenido ya permisos de acceso que superan ampliamente las previsiones de despliegue, pero su materialización sin generación renovable asociada generaría un doble perjuicio agravado por el conflicto en Irán: mayor consumo de gas natural, que a su vez generaría un alza de costes eléctricos y un menor incentivo a la electrificación que esta norma persigue para combatir la dependencia fósil". Para justificar incluir todo este abanico en un Real Decreto de respuesta al Conflicto de Oriente Próximo -que solo es justificable legalmente por razones de "urgente necesidad"-, el Gobierno señala en el preámbulo que considera necesario, además de las medidas inmediatas, un "segundo eje de naturaleza más estructural, con medidas orientadas a impulsar la soberanía energética, para reforzar la resiliencia ante este tipo de crisis externas; permitiéndose así agilizar la inversión en renovables e incrementar la capacidad de almacenamiento eléctrico".
Author: Carlos Segovia
Published at: 2026-03-24 23:06:12
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