La decisión del Ministerio de Interior de denegar la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía en la manifestación por la plena autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, ha cimbreado por sorpresa la relación de los socios de Gobierno [PSOE y Sumar] y enfrentado a las izquierdas. Los dos supuestos que establece la norma para obtener el reconocimiento de víctima del terrorismo y, por ende, tener acceso a ayudas e indemnizaciones por parte del Estado están tasados en la ley y no se cumplen en el caso del joven malagueño: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”. Marlaska defiende que el malagueño muerto por un disparo de Policía en una manifestación autonomista en el 77 debe ser reconocido como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”, como recoge el citado artículo de la Ley de Memoria, que serviría para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”.
Author: Daniel Cela
Published at: 2026-02-25 20:06:47
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