Entre las páginas 505 y 508 del Informe Final de la Comisión de la Verdad., leo que el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) consistió en facultades especiales otorgadas a la fuerza pública en el marco del Estado de Sitio, “pero derivó en abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 jóvenes y aunque en 2022 se les declaró como crimen de lesa humanidad, la investigación no avanza, “a pesar de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo logró evidenciar que en el caso participaron por lo menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, quienes siguen en la impunidad”. En su columna de El Tiempo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez publicó lo siguiente: “Por esa devoción por el Estado de derecho la familia Turbay terminó ofrendado la vida de Diana Turbay (…) el narcotráfico intimidada a la sociedad colombiana para que se prohibiera la extradición (…) En medio de estas tensiones el expresidente tuvo que vivir con estoicismo el asesinato de su hija, pena que lo acompañó hasta el final de sus días, sin cultivar odios, pero entendiendo la necesidad de fortalecer el orden jurídico, lo que lo llevó a mirar con simpatía la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe”.
Author: Alexander Velásquez
Published at: 2025-07-06 14:57:54
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