Las investigaciones llevadas a cabo por la DEA, entre otros cuerpos de seguridad, así como la segura colaboración que ha debido ofrecer el general Hugo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar durante el chavismo y parte del madurismo, han motivado el procedimiento judicial que se sigue en un tribunal de Nueva York, en el que se le acusa de organizar y facilitar el tráfico de cocaína desde Venezuela, asociándose con organizaciones narcoterroristas como las FARC o el ELN y otros cárteles de la droga, a fin de introducir y distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos. Es totalmente cierto que, tras la burda manipulación de los resultados electorales, Nicolás Maduro carecía de legitimidad para ostentar la presidencia de Venezuela, y es igualmente cierto que convirtió el régimen en una tiranía, por lo que su caída ha generado un ostensible alivio a los millones de venezolanos exiliados y a la mayor parte de la población, que a su vez sufre la desastrosa gestión económica del país, despertando en todos ellos la esperanza de que por fin puedan alcanzar la libertad y la democracia. También la Corte Penal Internacional debería hacer una reflexión y examinar qué ha podido ocurrir para que el procedimiento de Venezuela, que lleva tramitándose desde febrero de 2018 y en el que se han aportado numerosas pruebas y testimonios, además de los informes de organismos internacionales con detalle de los crímenes de lesa humanidad cometidos, a día de hoy la Fiscalía no haya solicitado una orden de detención contra Maduro.
Author: Blas Jesús Imbroda Ortiz*
Published at: 2026-01-11 23:08:37
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