En relación con el proceso separatista que culminó el 1-O de 2017, esa táctica se ha aplicado por el PSOE y La Moncloa de forma constante, con la finalidad de legitimar como socios a un prófugo de la Justicia y a unos partidos que en más de una democracia europea estarían disueltos por actividades anticonstitucionales. Se trata de una valoración política que se une a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar la prohibición de debates en el Parlament en 2017 al amparo de las leyes de «desconexión», anuladas por el Tribunal Constitucional. Y queda por delante la serie de decisiones que habrá de tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad con el derecho europeo de una amnistía hecha a la medida de quienes acaban de ser señalados como golpistas contra un Estado constitucional y beneficiarios del intervencionismo ruso.
Author: (abc)
Published at: 2025-04-09 19:35:57
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