En agosto, el alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, anunció que cortaría el agua a este tipo de alojamientos, una medida que suscitó dudas por su legalidad; en febrero, el pleno de Valencia aprobó por unanimidad la imposición de sanciones de hasta 600.000 euros en los casos más graves; Madrid también ha endurecido las multas y ha incrementado la plantilla de inspectores; y Barcelona tiró por la calle de en medio al anunciar que pretende dejar de renovar licencias para que en cuatro años no quede en la ciudad ni una de las 10.000 viviendas legales que hay ahora mismo, una decisión polémica pero que en marzo recibió el aval del Tribunal Constitucional, en respuesta a una impugnación del PP. También, que en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb no debe ser regulada como un agente inmobiliario, y que en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que zanjó que la información que aparece en la plataforma es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no del intermediario. Según explica a ABC su presidenta, Silvia Blasco, si esas más de 60.000 viviendas que ha detectado Consumo son ilegales no están en contra de que se bloqueen, pero insisten en que el Ejecutivo debería ofrecer a la plataforma la posibilidad de que notifique a sus anunciantes antes de tomar medidas drásticas, a la vez que un proceso de audiencia para que los afectados puedan subsanar los errores que sean subsanables.
Author: (abc)
Published at: 2025-05-19 16:47:41
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