Un nuevo y decisivo capítulo se abrió este martes en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Corea del Sur, luego de que el equipo especial de fiscales solicitara la pena de muerte contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, a quien acusan de encabezar un acto de insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024, medida que derivó en su salida del poder meses más tarde. En ese tenor, el fiscal especial Park Eok Su afirmó que Yoon declaró la ley marcial “con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tiempo, haciéndose con el control del poder judicial y legislativo”, calificando el delito como “de extrema gravedad” y con un impacto que obligó a desviar recursos que debían destinarse exclusivamente al interés nacional. Desde la Presidencia, las autoridades señalaron que esperan que la Justicia “adopte las medidas adecuadas conforme a la ley y a las expectativas de la ciudadanía”, mientras que el Partido Democrático (PD) subrayó la necesidad de aplicar “la forma de justicia más severa” frente a actos que, a su juicio, pusieron en riesgo el orden constitucional y la soberanía popular.
Author: Roberto Martínez A.
Published at: 2026-01-13 22:32:06
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