El conflicto judicial se originó el pasado mes de noviembre, cuando la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso-administrativo para frenar el cierre del centro, ordenado por el Ayuntamiento y que daba de plazo hasta mediados de enero para realojar a las cerca de 400 personas que entonces residían en el recinto. El Consistorio, liderado por la alcaldesa Paloma Tejero (PP), subraya que el edificio —propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y cedido al Ministerio de Migraciones en 2022— solo cuenta con licencia para 270 camas destinadas a hospedajes breves de asistentes a cursos, no para acoger de forma indefinida a solicitantes de asilo. Sin embargo, en septiembre de 2023, el Ejecutivo convirtió el CREADE en un centro permanente y genérico para solicitantes de asilo de todo el mundo, de nuevo sin pedir licencia y pese a que, según el Ayuntamiento, este tipo de atención "requiere instalaciones muy distintas y con mucha más capacidad".
Author: I. P. Nova
Published at: 2026-01-20 18:01:18
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