La filtración de los intercambios del abogado de González Amador con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en que se reconocía el fraude fiscal a la Hacienda pública, imputada a García Ortiz a pesar de que durante el juicio varios periodistas declararon haber accedido previamente a los correos entre el abogado del novio de la presidenta y la Fiscalía a través de otras fuentes que se negaron a desvelar, amparándose en el derecho constitucional que les asiste, están en el origen de este caso. De fondo se encuentra la negativa de amplios sectores del Estado y del poder establecido a abrir un debate sobre cómo encajar la plurinacionalidad con el artículo 2 de la Constitución, traslación directa de las líneas rojas del franquismo sobre la “indisoluble unidad de la nación española”, ante demandas crecientes de autogobierno o, incluso, de derecho a decidir por parte de las fuerzas independentistas catalanas y vascas, imprescindibles apoyos para la investidura en un Congreso atomizado tras las transformaciones del sistema de partidos español. Además, la herencia del pasado jurídico franquista, y de un poder judicial que pasó de administrar la “justicia” franquista a operar bajo la justicia democrática, ha dejado sus huellas hasta la actualidad, como se puede apreciar en la impunidad de los crímenes de la dictadura y el cuestionable papel de la administración de justicia frente a las diversas leyes de memoria.
Author: Arantxa Tirado
Published at: 2025-11-26 23:02:00
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