Su tesis: que “al menos en la primera fase” del despliegue del sector la “captura del Estado español por parte del oligopolio eléctrico bancario fue una variedad distintiva” en el mundo, con un “grupo selecto de compañías eléctricas españolas, bancos afiliados e industrias de bienes de equipo asociadas” aprovechando “sus interconexiones financieras y la de sus directorios” y “marcos regulatorios débiles” para “restringir la entrada de nuevos competidores” y transferir “costes indebidos de las empresas a los consumidores, contribuyentes y ciudadanos”. Para asegurarse de que sus inversiones fueran rentables, las eléctricas “priorizaron la eliminación de la competencia de terceros”, “se aseguraron un sistema de tarifas que cubriera sus costes de inversión y garantizara una rentabilidad satisfactoria” y “buscaron un trato favorable de la Administración en materia fiscal, tarifaria y financiera, incluidas las subvenciones y la externalización de costes”. Sin embargo, el modelo de colaboración público-privada implantado en la central de Vandellòs en 1972, “unido a la elección de un reactor de uranio natural-grafito, hace pensar que la captura regulatoria no se realizó plenamente”, si bien los intereses privados “acabaron prevaleciendo” en la “decisión crítica” sobre la propiedad y gestión de las centrales, algo que “ha perdurado” hasta hoy.
Author: Antonio M. Vélez
Published at: 2025-05-25 20:50:11
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