El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad de un modelo, el de la gestión privada de la sanidad pública, que se creó y se desarrolló en la Comunitat Valenciana durante los años del PP al frente de la Generalitat. Además, alerta de que “existe una elevada pluralidad de acuerdos adoptados en el seno de las Comisiones Mixtas (órgano de control integrado por representantes de la Conselleria de Sanidad y de las empresas concesionarias), que suponen un evidente perjuicio para el interés público y que han supuesto de facto una modificación de los conceptos económicos que integran el contrato”. Por otra parte, la imposibilidad de modificar el precio del contrato en caso de prórroga supondría un quebranto para la administración incurriendo en una suerte de doble pago por conceptos que ya se habrían abonado, como la amortización de la infraestructura hospitalaria: “Quedando claro que el precio del contrato no puede ser modificado salvo las revisiones de precio previstas en el propio pliego de condiciones administrativas, y que, en el supuesto de prórroga de este servicio implicaría el abono por parte de la Administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y las inversiones ya amortizadas, se vulneraría los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como se generaría un enriquecimiento injusto por parte del concesionario”
Author: Carlos Navarro Castelló
Published at: 2025-12-07 20:38:52
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