Desde entonces, aunque Costa Rica tenía una organización formal republicana y, a partir de 1871, una constitución en regla, los abusos electorales fueron un mal endémico: fraudes de todo tipo, como falsificación, compra o destrucción de votos; amenazas o garroteadas a adversarios políticos y a sus seguidores, ataques a sus casas; y ya desde el poder, los mismos malos tratos para los opositores por medio de la fuerza pública, el uso de los recursos del Estado para beneficio propio y toda clase de arbitrariedades sin remedio. La Asamblea Constituyente tuvo el cuidado de regular la presidencia de la República, los ministerios, las instituciones autónomas, los tres poderes y todo el aparato estatal, incluyendo la Procuraduría General de la República y un Tribunal Supremo de Elecciones, para evitar o prevenir el abuso de poder en todas sus formas. Quienes abogan de mala fe, o por incapacidad o pereza, por pasar arbitrariamente por encima de ellos –quebrantando el Principio de Legalidad y, por esa vía, desmantelar la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre los que descansan los derechos humanos, incluyendo la libertad– pretenden realizar una aberración anacrónica: volver a los tiempos de las autarquías y dictaduras del pasado, encabezadas por ególatras y corruptos.
Author: Enrique Castillo
Published at: 2026-01-17 14:30:00
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